Arqueólogos chilenos llevan al Dakar a los tribunales

  • Sostienen que el Dakar provoca cuantiosos daños al patrimonio arqueológico.
  • La abogada Paola González: "No es ninguna bendición que venga el Dakar".
  • "Nos hallamos ante una crisis institucional en la que vemos mucha impunidad".
El piloto argentino Orlando Terranova conduce su Toyota durante la cuarta etapa del Dakar 2012 entre San Juan y Chilecito (Argentina).
El piloto argentino Orlando Terranova conduce su Toyota durante la cuarta etapa del Dakar 2012 entre San Juan y Chilecito (Argentina).
Cézaro De Luca / EFE
El piloto argentino Orlando Terranova conduce su Toyota durante la cuarta etapa del Dakar 2012 entre San Juan y Chilecito (Argentina).

El Colegio de Arqueólogos de Chile ha presentado en los tribunales un recurso de protección contra el raid Dakar por los supuestos daños a sitios arqueológicos y patrimoniales, una acción judicial a la que se opone el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La abogada Paola González, vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, criticó este martes que el CDE defienda al Gobierno, que paga para que el Dakar pase por Chile, y se inhiba de su "obligación" de proteger el patrimonio nacional. "Nos hallamos ante una crisis institucional en la que vemos mucha impunidad", indicó González.

En febrero pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite un recurso de protección presentado por el dirigente ecologista Luis Mariano Rendón y el Colegio de Arqueólogos contra la próxima edición del rally Dakar, que pasará por Argentina, Chile y Bolivia. Los demandantes sostienen que la carrera ha provocado cuantiosos daños al patrimonio arqueológico del norte del país durante las cinco ediciones en las que ha pisado suelo chileno.

Esta denuncia se sustenta en un oficio de diciembre pasado del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dependiente del Ministerio de Educación, que revela el hallazgo de 207 sitios de valor arqueológico e histórico que sufrieron daños tras el paso del Dakar entre 2009 y 2012.

Piden un estudio de impacto ambiental

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó para este pasado lunes los alegatos orales, aunque la cita tuvo que ser aplazada porque el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que asumió la defensa del gubernamental Instituto Nacional de Deportes, recusó a uno de los abogados del tribunal, explicó la vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos.

Según Paola González, se trata de una "medida dilatoria" del CDE, a la que el organismo puede recurrir de nuevo en una próxima citación de la corte y que no requiere ninguna justificación. La abogada cree que el recurso de protección tiene posibilidades de prosperar, aunque si la corte lo desecha, no descarta recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, de Naciones Unidas.

González dijo que desde 2009 se ha pedido a los organizadores del Dakar y al Gobierno chileno que la carrera se someta a un estudio de impacto ambiental, para que se puedan adoptar las medidas de mitigación adecuadas. Sin embargo, apunta la abogada, esto no ha sido posible porque ASO, la empresa que organiza el rally, mantiene en secreto el trazado de la carrera hasta último momento.

"Dejan un enjambre de huellas"

El formato del rally, donde los pilotos tienen un libro de ruta con indicaciones pero pueden circular por donde quieran, dificulta aún más la protección de restos arqueológicos o de sitios de valor histórico y cultural, añade González. "Dejan un enjambre de huellas en territorios prístinos como el desierto de Atacama. Estamos a ciegas ante la real magnitud de la destrucción", afirmó la vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos.

Los organizadores del Dakar han defendido desde que la carrera dio el salto a Latinoamérica que elaboran el recorrido conjuntamente con los gobiernos de los países para reducir al mínimo el impacto medioambiental. El objetivo final de los demandantes es que el Dakar deje de realizarse en Chile.

"No es ninguna bendición que venga el rally", sostuvo González. Pero si el rally más duro del mundo sigue parando en Chile, la abogada cree que debe someterse a la legislación ambiental del país y que el Gobierno debe proteger el patrimonio arqueológico e histórico.

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