Enfadada, porque, «al quitarlas, se va la pintura de la puerta» y por «el tiempo y trabajo» que emplea en arrancarlas, tras realizar «numerosas llamadas» a los «20 números de móviles» que conserva, «todos evitan contestarme o dicen que ya pasarán a quitármelas o frases soeces». La señora Murcia medita «comenzar a poner denuncias en comisaría». Los propios cerrajeros, sus familiares y algunos grupos de adolescentes colocan los adhesivos. Al consultarles, en los teléfonos que ofrecen, no comunican razón social o presupuesto. Tampoco figuran asociados en la Confederación Empresarial de la Provincia.

El joyero Francisco Navarro, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Rambla (ACRA) estima que sus negocios «padecen una verdadera tormenta de etiquetas». Navarro cree que «las pegatinas afean aún más una ciudad ya sucia y es imposible que (los cerrajeros) prometan que no nos invadirán» con sus papeles. El portavoz de ACRA abordará el tema en la próxima reunión del Colectivo por Alicante, que agrupa 20 asociaciones de minoristas. Su presidente, Pedro de Gea, dice: «Sólo faltaba que esta presencia salvaje» de adhesivos ahora «la imitaran los fontaneros». De Gea asegura que «el 90% de estas firmas son de economía sumergida» y propone «emprender una fórmula similar al ‘prohibido fijar carteles’ que responsabilice al anunciante».

La Concejalía de Servicios y Mantenimiento no da respuesta ni, a pesar de repetidas llamadas, tampoco ningún responsable de la empresa adjudicataria de la limpieza pública, Ingeniería Urbana, SA, que cuantifique los gastos municipales en eliminar estas pegatinas, aunque la firma ya calculó que el Ayuntamiento invierte 900 euros al día sólo en limpiar chicles y graffiti. El edil de Comercio, Juan Zaragoza, observa, no obstante, que quienes colocan estas minipegatinas «más bien son ilegales, en abierta competencia desleal frente a quienes pagan impuestos». A su juicio, «los comerciantes deberían presentar denuncias en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Allí sabremos qué aspecto incumplen de la legislación». Y ¡propone mano dura!: «Estamos dispuestos a investigarlos y a perseguirlos, pero siempre que los comerciantes nos lo pidan». El Consistorio proyecta una nueva ley semejante a la de Valencia o Barcelona, donde quienes sitúen carteles o pegatinas en sitios no autorizados deben quitarlos, con multas de hasta de 3.000 euros en el primer caso y de 300 en el segundo .

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