Lo grave es que, aunque en 1996 las Cortes Valencianas rechazaron al alimón el uso inadecuado del término «por respeto», al igual que el Congreso de los Diputados y la Acadèmia Valenciana de la Llengua, responsable de las formas toponímicas correctas, el apelativo se ceba en los valencianos y (por fortuna para su esencia) nadie incluye a los gallegos en Poniente, a los castellanos en la meseta o a los vascos, asturianos o cántabros entre los norteños.
Otra vez por detrás. ¿Qué hace ahora el poder valenciano? ¿Calla o se esfuma? Sobre todo, cuando todos los grupos políticos coincidieron –por una vez– en una misma propuesta.




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