Amnistía Internacional resume en dos las carencias en materia de derechos humanos que ha detectado en España en 2014. La primera, que el Gobierno español sigue la tendencia global de recortes a la libertad de expresión y de reunión, mediante varias iniciativas legislativas. La segunda, el uso excesivo e innecesario de la fuerza en las fronteras, sobre todo en Ceuta y Melilla. Así lo refleja su informe anual, presentado este martes en Madrid, que también ha analizado la situación internacional.

Para Amnistía la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), también conocida como 'ley mordaza', no solo amplía los poderes policiales sin establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, sino que además incluye nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como las que limitan las manifestaciones en las cercanías del Congreso y el Senado, o las limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Para la organización también han sido de especial preocupación los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad en manifestaciones, así como crecientes restricciones al derecho de reunión, incluido la imposición de multas a manifestantes pacíficos, algo que puede disuadir la protesta.

La reforma del Código Penal "también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, al ampliar los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, de manera tan amplia y vaga que resultan incompatibles con las normas de derecho internacional", señala Amnistía en su informe, que critica que esta reforma sigue sin tipificar de manera adecuada los crímenes de derecho internacional como la tortura. Otro de los grandes retrocesos de 2014 ha tenido lugar en la lucha contra la impunidad de la que gozan los perpetradores de los crímenes más graves, mediante la reforma de la jurisdicción universal, "que limita las atribuciones de las autoridades para investigar crímenes atroces contra las personas cometidos fuera de España".

Amnistía se centra también en las dificultades se están viviendo en algunas fronteras, sobre todo en Ceuta y Melilla, donde "las personas migrantes están viendo sus derechos vulnerados". La organización denuncia el "uso excesivo e innecesario de la fuerza" por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, "que en ocasiones han sido devueltos de manera ilegal". Además, lejos de cambiar esta política, las autoridades pretenden, mediante una enmienda introducida en la ley de Seguridad Ciudadana, legalizar esta práctica de las denominadas devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional. También afirma que a finales de 2014 había más de 1.500 refugiados sirios en Ceuta y Melilla aguardando su traslado a la península.

Por último, Amnistía recuerda que durante los próximos dos años España tendrá un asiento temporal en el Consejo de Seguridad de la ONU. La organización hace un llamamiento para que el Gobierno español aproveche su posición para instar a los cinco miembros permanentes (China, Francia, Reino Unido, Rusia y EEUU) a que se comprometan a dejar de usar el veto en casos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. También le pide a España que tenga un papel proactivo para que se establezca una mayor protección a los derechos humanos en situaciones que afectan a la paz y seguridad internacionales.

También hay un balance positivo. Amnistía se congratula que en abril de 2014 España ratificara el Tratado sobre el Comercio de Armas, y que en agosto se convirtiera en el primer país que reformaba su normativa sobre ventas de armas para incluir la "regla de oro", que prohíbe transferir armas si hay peligro real de que contribuyan a la comisión de violaciones de derechos humanos.