O eso es lo que parece la política de una Consejería de Educación que hace lo que le sale sin que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León representen para ella otra cosa que un mero inconveniente en su trayectoria de hechos consumados. Si cualquier funcionario hiciese lo que ella hace, o sea, tomar decisiones injustas o no ajustadas a Derecho, se le tendría por prevaricador y del palo judicial no le libraba ni dios. Pero si la Consejería de Educación nombra directores de Instituto a maestros de sexto de Primaria cuando, según la ley, nunca podrían ocupar ese cargo, lo llaman "aplicación de normativa ilegal". Si añadimos que la Consejería, además, tiene el cuajo de recurrir la sentencia comprobaremos que, al final y sea cual sea la decisión del Tribunal, la ínclita Consejería termina saliéndose con la suya porque han pasado los cuatro años del periodo directivo y ella, no NO es funcionario, se va de rositas. Lo que quiere decir que, gracias a éste y otros ejemplos, no nos equivocaríamos demasiado al afirmar que, a la Administración, la legalidad se la suda. ¡Qué ascazo, por favor!.