Hasta el momento, en nuestra Comunidad, esto que sin duda es ya uno de los temas predilectos de fricción entre Gobierno y Oposición, no había llamado mucho la atención. Pero este período de tranquilidad puede haber terminado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dando satisfacción a unos padres de alumnos que pidieron que sus hijos no tuvieran que cursar dicha asignatura, en principio tan obligatoria dentro del plan de enseñanzas como cualquier otra. Aunque el Consejero de Educación parece haber aprovechado la oportunidad para extender la licencia a quienes contrarios a la asignatura no habían recurrido, no hay nada que se parezca a la actitud de desafío institucional de la Comunidad de Madrid o al disparate escenificado en Valencia.
Contrasta el empeño de los contrarios a esta enseñanza -tan alimentado por la Conferencia Episcopal- con su desinterés en convencernos de sus maldades con algo tan sencillo como la exposición de tan nefandos textos, para poder juzgar por nosotros mismos, en vez de pedirnos un acto de fe.