Cuando a un Gobierno no le gustan los informes que fiscalizan su gestión puede hacer tres cosas: intentar corregir los errores, hacerse el sueco o echar a quien los elabora. Descartada la primera opción, por laboriosa, cada vez se opta más por la tercera, aunque para cargarse a la mosca cojonera de turno haya que perpetrar berlusconianas reformas legales.

Es lo que acaba de hacer el PP con la síndica de Greuges, defensora del pueblo autonómica, a la que consideraba sociata y que mediante un cambio de la ley ha sido sustituida por el marido de la consellera de Turismo, a quien deberá fiscalizar. Puestos a colocar a un afín a la causa, para qué disimular, nombran a alguien de la familia y así todo el que reclame contra la consellera de Turismo y síndica consorte ya sabe lo que puede esperar del síndic y conseller consorte. Parafraseando a Julio César, no basta con que el marido de la consellera sea honrado, sino que debe parecerlo.