Una jueza de Alicante acaba de condenar a una constructora de El Campello a pagar una multa de 36.000 euros por destruir 14 nidos de avión zapador, una pequeña golondrina muy beneficiosa para la agricultura que excava sus galerías en taludes arenosos. Los técnicos de Medio Ambiente de la Consellería de Territorio y Vivienda habían advertido a sus responsables de que debían parar las excavaciones hasta que las aves concluyeran la nidificación cinco meses más tarde. Éstos no sólo no les hicieron caso, sino que, tras cargarse la colonia, pusieron plásticos en el desmonte para impedir el regreso de los pájaros.

La constructora sancionada estaba levantando un centro comercial, así que la multa, dos años después y con el edificio concluido, es poco menos que anecdótica. Pero marca un cambio de tendencia muy importante en la protección de la naturaleza en este país, hace unos años impensable. Supone la existencia de técnicos cualificados fuera de sus oficinas intentando evitar desmanes, con la sensibilidad suficiente como para tratar de parar unas obras y, al no conseguirlo, denunciar en los juzgados a unos empresarios por un delito penal contra la fauna protegida, en lugar de considerarlo algo puramente anecdótico.

Supone la existencia de un fiscal comprometido y de un juez concienciado. Y supone, en definitiva, que en nuestra sociedad las leyes, además de aprobarse, empiezan a cumplirse.

Destruimos Riaño y salvamos San Pedro de Arlanza. Urbanizamos Mallorca, aunque salvamos Cabrera. Desecamos la laguna de La Nava y ahora volvemos a inundarla. Llenamos el campo de tendidos eléctricos, pero comenzamos a colocar en ellos salvapájaros. Recuperamos el águila imperial y perdemos el lince. Nos gustan las contradicciones. Ahora salvamos unos aviones. No será mucho, pero es un buen comienzo.

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