«Por qué razón debo buscarme la vida para no dejarla mal y que se la lleve la grúa, mientras que en la acera y ante la puerta de algunas instituciones, que deberían dar ejemplo, otros aparcan, supongo que por la cara». Enojado, el señor Martínez enjuicia que «quizás la Policía Local hace la vista gorda o es que (esas instituciones) otorgan privilegios a sus empleados».

Y se pregunta: «¿No es un trato discriminatorio?». Las aceras a las que nuestro lector se refiere se sitúan en la fachada trasera del nuevo Ayuntamiento (o cubo de cristal, en la prolongación de la calle Mayor), donde a veces se agrupan hasta 30 motocicletas taponando incluso la salida de emergencia (junto a la exposición La ciudad descubierta), y en la reducida calle Pascual Blasco, 1, frente a la Sindicatura de Greuges, que acoge un máximo de 20 motos. En ambos casos, me comentan trabajadores de estos centros que «está permitido», ya que «muchas (motos) son de funcionarios o sindicalistas» de estas instituciones y que «la grúa nunca se las lleva». Con la ley en la mano. Porque el desarrollo del Real Decreto 339/90 y su actualización local tolera legislativamente que pueda aparcarse en aquellas aceras con más de cinco metros de anchura, siempre en perpendicular y en el sentido de la calzada, salvo que figure una señal de prohibición que lo impida expresamente o marque un reservado motos. Es el caso de la Rambla, donde numerosas motocicletas ocupan su acera aunque existen aparcamientos para ellas, y donde se prohibe explícitamente que se aparque en otra zona.

En tal sentido, Sergio Melgares, secretario de la Policía Local del Sindicato de Empleados Públicos, mayoritario en el Consistorio, ratifica la legalidad de estos estacionamientos aparentemente tolerados y asegura que «el Ayuntamiento no tiene afán recaudatorio» y que las grúas-pluma «generalmente no salen a retirar motos, sino a cargar coches» mal situados, en una operación conjunta de la firma adjudicataria de las grúas (una Unión Temporal con el grupo Subús) y agentes de la Unidad de Tráfico.

El Ayuntamiento dispone de 11 grúas, de una plataforma para motos (o ‘portaviones’ en la jerga interna del Cuerpo) y de dos carros, acoplables, capaces de contener 10 motos en paralelo y de arrastrar de 30 a 40 en apenas tres horas. La multa por este arrastre es de 50 euros, frente a los 100 euros que deben pagar los coches, y 150 euros si sobrepasan los 1.500 kilos de peso. A partir de las 24 horas desde la retirada, el sobrecoste es de 20 euros más por cada día en el depósito.