La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), destinará 650.000 euros a financiar proyectos sociales de entidades sin ánimo de lucro que se desarrollen a lo largo de este año, un 10,2% más.

En concreto, el Gobierno de Cantabria colaborará con el mantenimiento y equipamiento de estas organizaciones, y con los programas que pongan en marcha en el ámbito de la autonomía personal y de la exclusión y participación social. Cada organización podrá solicitar subvención para un máximo de cuatro programas.

Con ayudas de hasta 35.000 euros, el ICASS financiará los gastos de alquiler, de mantenimiento y conservación del local; de mantenimiento y reparación de equipos informáticos, material de oficina, suministro de energía eléctrica, agua, gas y combustible de calefacción; gastos de comunicaciones telefónicas, postales y de mensajería; y tributos y seguros del local.

Igualmente financiará trabajos de limpieza, seguridad y asesoría realizados por otras empresas; gastos de edición, y gastos derivados del personal de dirección, gestión, administración y servicios generales de la entidad, así como de actividades de información y orientación dirigidas a sus asociaciones y personas objeto de atención.

Además, el Gobierno concederá subvenciones de hasta 40.000 euros para actividades y acciones dirigidas a atender las necesidades de las personas en el ámbito de la autonomía personal, y de la exclusión y la participación social.

Las organizaciones privadas sin ánimo de lucro que quieran participar en este programa de ayudas tienen un plazo de 30 días para presentar sus solicitudes con la documentación que recoge la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria.

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado la actividad que estas entidades sin ánimo de lucro realizan en la región en los ámbitos de la prevención, la promoción de la autonomía y la atención a personas en riesgo de exclusión, discapacidad, mayores, dependencia o atención a la infancia. Por eso en esta orden se da prioridad, por tercer año consecutivo, a estos colectivos y programas, ha explicado.

Así, en cuanto a los colectivos objeto de atención, tendrán prioridad los que van dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, seguidas de aquellas que actúan en el ámbito de la dependencia o la discapacidad, las orientadas a personas mayores o infancia, y las que se dirigen a otros colectivos.

Además en esta convocatoria se da prioridad a los programas destinados a las cuatro actividades que tengan como fin los programas de acogida dirigidos a cubrir necesidades básicas de las personas; el envejecimiento activo y prevención de las situaciones de dependencia; la prevención y atención a menores víctimas de abuso sexual o maltrato físico o psíquico, y por último, la formación y apoyo a los cuidadores de las personas en situación de dependencia.

También se establecen como criterios de adjudicación los programas cuya actividad abarque un mayor ámbito geográfico dentro de la comunidad autónoma, los programas de servicios sociales que no sean prestados por el sistema público, siempre que su necesidad quede suficientemente acreditada, y los que beneficien a más de un colectivo y en varias localidades.