Mientras el PP y el PSOE hacen campaña electoral tirándose casos de corrupción a la cabeza, en Alicante, con un alcalde y dos concejales imputados por varios delitos por el fiscal, Alperi pasa de puntillas por estos temas, como si la película no fuera con él.

Las mayorías absolutas no dan carta blanca para hurtar el debate, por eso no es de recibo que se ventile en escasa media hora el pleno extraordinario pedido por la oposición para que se aclare el espinoso tema de las licencias de los parkings a Enrique Ortiz y que se niegue a crear una comisión de investigación que arroje luz sobre el asunto.

Los tribunales dirán si ha existido un delito o no, pero eso no invalida que la ciudadanía sepa las razones por las que a ciertos constructores se les permite modificar a su favor las condiciones de las obras a pesar de los informes negativos de los técnicos. Además, no se aplican las multas pactadas para cobrar los retrasos, con el consiguiente perjuicio para los intereses de la ciudad. Cuando hablamos de dinero público, la verdad debe prevalecer sobre los intereses políticos, aunque las verdades lleguen a doler.