Pero más cuesta arriba lo tienen los educadores de los cuatro centros de menores que hay en la comunidad. Ellos hacen el trabajo más duro: devolver la ilusión a los adolescentes –algunos, niños– a los que la vida no ha tratado demasiado bien. Además de su dedicación diaria y una vocación inquebrantable, tienen que sufrir amenazas casi diarias por parte de los menores. Los educadores llevan denunciando, sin éxito, esta situación desde hace mucho tiempo. Ahora, el informe del Defensor del Pueblo les da la razón: los cuatro centros de internamiento de la región no cumplen con los requisitos mínimos. Faltan recursos, fiscales y jueces. Sin medios es imposible sacar a un joven de la droga o intentar convencerlo de que se labre un porvenir.