No importa demasiado el color político del Gobierno de turno, aunque algunas favorecen más a unos que a otros y aplican medidas más ‘sociales’ que otras. El resultado, en cualquier caso, es un descenso en la recaudación de decenas o cientos de millones de euros y, por consiguiente, necesitan conseguir fondos por otras vías para acometer sus proyectos o financiar la prestación de sus servicios.

Es ahí cuando las autonomías reclaman más fondos del Estado para compensar esas alegrías fiscales con las que esperan realzar su atractivo frente al electorado. Las hay que, como Madrid, incluso plantean un contencioso con el Gobierno central y se sienten marginadas en los planes de inversión estatales, por su color político. Eso sí, después de anunciar un recorte del IRPF. Curiosamente, la presidenta madrileña encabeza la línea más liberal de su partido, el PP, en cuestión de impuestos: la que defiende que reducir la presión fiscal aumenta los ingresos porque estimula la actividad económica.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tampoco parece excesivamente preocupado por el previsible descenso de la recaudación que implicará la próxima reforma del impuesto de la renta, que supone casi un tercio de los más de 160.000 millones de euros que los impuestos entran en las arcas del Estado cada año. Ni por decisiones como la de modificar el sistema de financiación de la Iglesia, que ha llevado a las ONG a poner el grito en el cielo –y nunca mejor dicho– y a reclamar un trato equivalente.

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