El Gobierno, los empresarios y los dos sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) retomaron ayer las negociaciones para impulsar una nueva reforma laboral –la quinta de la democracia– con el objetivo prioritario de reducir la elevada tasa de temporalidad que registra nuestro mercado de trabajo. Aunque también contempla, entre otras cuestiones, la lucha contra el paro de jóvenes y mujeres, el salario mínimo, la incorporación de los inmigrantes, los accidentes laborales y las pensiones.

El 30% de los contratos en España son temporales, una cifra que nos aleja, y mucho, de la media europea (12%). Además, tenemos una de las tasas de paro (10,38%) más elevadas de la UE, especialmente en mujeres y jóvenes. Visto el panorama y recordando el resultado de las cuatro reformas anteriores (1984, 1994, 1997 y 2001), hará falta algo más que buena voluntad por parte de los agentes sociales y la preceptiva dosis de talante para conseguir los ambiciosos objetivos que se proponen. De hecho, cada una de esas reformas ha venido a rectificar algo de la anterior. La lucha contra la temporalidad ha sido uno de las prioridades en todas ellas, pero los avances han sido escasos.

Hay otras cuestiones que los expertos señalan también como fundamentales de cara a la negociación. Para seguir creando empleo es imprescindible flexibilizar las relaciones laborales (no sólo el despido), pero también garantizar los derechos de los trabajadores y mejorar la protección social de los parados. De momento, los patronos han puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar la competitividad de las empresas y la mejora del empleo en cantidad y en calidad (o sea, de abaratar el despido).

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