Según ha explicado el Gobierno andaluz en una nota, tras el episodio de amenazas e intento de agresión, se puso a disposición del perjudicado todas las medidas de apoyo incluidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

Desde la Junta han manifestado su "absoluto rechazo" a este tipo de conductas, que "carecen de cualquier justificación". Por ello, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud solicitaron en en la vista rápida que los hechos se calificaran como un delito de atentado, que está castigado con penas de entre uno y tres años de prisión.

Según el relato policial, los hechos tuvieron lugar el día 24 cuando, según el aviso de la Guardia Civil, dos personas se encontraban en el interior del ambulatorio gritando, lo que hizo que el afectado se acercara al mostrador para comprobar lo que sucedía. En ese momento, dos personas comenzaron a "insultar" y "amenazar" al empleado del centro sanitario, de manera que el acusado intentó agredirlo "si bien no llegó a hacerlo al ser retenida por otro trabajador del centro".

La víctima, que denunció los hechos, indicó a los agentes que además el pasado día 5 uno de los supuestos implicados llegó a amenazarlo con un arma blanca en la puerta del centro de salud.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial puede ser considerada como delito de atentado por los tribunales.

La Consejería de Salud condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, con lo que recuerda que "bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones".

El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia.

Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad como cámaras de videovigilancia, timbres avisadores o guardias de seguridad, entre otros, así como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.