La Asamblea de Extremadura ha instado por unanimidad a la Junta de Extremadura a elaborar y aprobar, a la "mayor brevedad posible", una normativa que aumente las exigencias técnicas de seguridad que han de cumplir las llamadas estaciones de servicio desatendidas y que garantice los derechos de consumidores y usuarios, obligando a disponer de, al menos, una persona responsable de los servicios que prestan.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-SIEX) Celestino Vegas ha defendido en pleno esta propuesta de impulso, en la que ha precisado que habría que tener unas consideraciones "especiales" en este sentido para las cooperativas agrarias.

En su intervención, Vegas ha aludido al debate existente en la actualidad sobre las estaciones de servicio desatendidas, es decir, las que no cuentan con trabajadores.

Además, ha hecho hincapié en que la proliferación de este tipo de estaciones de servicio en los últimos años ha preocupado a las organizaciones de consumidores y usuarios, toda vez que podría existir un riesgo potencial para los usuarios en el caso de derrame de combustible y, asimismo, no existe la posibilidad de reclamar ante algún responsable si se produce un error tanto a la hora de repostar como en el cobro.

A estas situaciones, Vegas ha añadido los problemas que pueden afectar a las personas con algún tipo de discapacidad física o de movilidad, a las que una estación de servicio sin personal puede agravar los problemas de accesibilidad que ya padecen. A lo anterior, se une, según el socialista, que se produce una pérdida de puestos de trabajo.

Opinión de los grupos

En el turno de fijación de posiciones de los grupos, el diputado 'popular' Francisco Ramírez ha indicado que su grupo, que ha votado a favor de la iniciativa, puede estar de acuerdo con algunos aspectos aunque con otros no, ya que entiende que no hay que generar alarma en la población en relación a la seguridad.

Además, Ramírez también ha huido de "criminalizar" la norma de 2013 que permitía la instalación de este tipo de estaciones de servicio, al tiempo que ha pedido que el procedimiento para legislar sobre este asunto sea el ordinario para que los afectados puedan acudir a la cámara para expresar su posición.

Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero ha insistido en que esta propuesta del PSOE era una demanda del sector, además de los usuarios y consumidores, al tiempo que ha sostenido que es "fundamental" garantizar la seguridad en estas instalaciones, además de proteger y hacer que se cumplan los derechos de los consumidores.

También Romero ha hecho hincapié en que la destrucción de puestos de trabajo es otro factor a tener en cuenta, por lo que, como ha recalcado, hay "razones de sobra" para que esta iniciativa sea aprobada.

Finalmente, la parlamentaria de Ciudadanos María Victoria Domínguez se ha referido a que las estaciones de servicio tradicionales han denunciado los efectos "perniciosos" de esta nueva forma de negocio.

Asimismo, Domínguez también ha aludido a que podría existir un cierto "riesgo" para la seguridad de los usuarios, además de referirse a la discriminación que sufren las personas que padecen algún tipo de discapacidad.