Los grupos firmantes de la moción consideran que "resulta especialmente llamativo que, cuatro años después de desaparecida la amenaza de ETA con el cese definitivo de su actividad, se produjese en el Estado una modificación del tipo penal de terrorismo como la producida en la pasada legislatura bajo la mayoría absoluta del partido Popular".

Según el cuatripartito, esta modificación supone que "se aplica al concepto de terrorismo unos límites difusos, por lo que aunque ETA no mate ni cometa atentados desde hace más de cinco años, puede haber un delito de terrorismo sin una organización activa detrás cuando se considere por el juzgador que existe una conducta dirigida a atemorizar a una parte de la población o a producir una grave alteración de la paz pública".

Además, el texto de la moción añade que, "teniendo en cuenta que se trata de una modificación relativamente reciente, no hay jurisprudencia constitucional o del Tribunal Supremo fijando sus límites".

Los grupos del cuatripartito sostienen que "dicha modificación del Código Penal ha sido denunciada por organismos internacionales, entre los que se encuentra la ONU, por su vulneración de los derechos civiles y libertades democráticas", de tal modo que "se pueden llegar a criminalizar conductas que no constituirían terrorismo, y podrían resultar consecuencias desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión".

En este sentido, destacan que "son numerosas y de sensibilidades plurales las personalidades del ámbito jurídico que han manifestado que, en materia de derecho penal y penitenciario, la lucha contra el terrorismo se deslizó en el Estado español hacia una práctica interpretativa y de cambios legales que cabe enmarcar en el ámbito excepcional".

La moción ha sido registrada unos días después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya concluido el sumario contra los nueve jóvenes de Alsasua identificados como presuntos agresores de dos guardias civiles el pasado mes de octubre, atribuyéndoles delito de terrorismo.

Según el cuatripartito, estos nueve jóvenes pueden enfrentarse "a unas penas absolutamente desproporcionadas por unas conductas que en circunstancias normales no pasarían de ser hechos constitutivos de una sanción penal común".

Los cuatro grupos consideran que "es momento de recomponer el estado de normalidad penal retomando las garantías y mínimos que en esta materia constituyen estándares básicos de un sistema de derechos y libertades", argumentando que "recuperar la normalidad penal es un objetivo democrático porque contribuye decisivamente a la normalización de la convivencia en nuestra sociedad".