El acuerdo presupuestario que han firmado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, contempla que la subida del IRPF afecte a las rentas superiores a 130.000 euros.

Este es uno de los puntos que se incluyen en el texto del borrador presupuestario que el Gobierno enviará a Bruselas antes del 15 de octubre. De esta forma el Ejecutivo ha rebajado su propuesta inicial de subir el IRPF a las rentas de más de 140.000 euros, al tiempo que Podemos ha elevado la suya superando los 120.000 euros que pedía inicialmente.

El texto también incluye, según han confirmado otras fuentes, el incremento del 1 % del impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros.

Además, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado limitar a un máximo de 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales, cuando ahora se permite hasta 2.500 euros, con el objetivo luchar contra la economía sumergida.

Según recoge el documento de acuerdo presupuestario, esta limitación de los pagos en efectivo solo afectará a empresarios y profesionales y no a particulares, que podrán seguir efectuando pagos en efectivo de hasta 2.500 euros.

El documento explica que los pagos profesionales por encima de determinado importe "deberían realizarse por medios que aseguren su trazabilidad para combatir la economía sumergida".

El Gobierno y Unidos Podemos han acordado también poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico "estable e ininterrumpido" hasta 2020, que contará con financiación procedente del incremento de la fiscalidad al diésel.

El texto del acuerdo presupuestario apunta que en 2020 el plan estará dotado con "al menos el 30 %" del incremento de la recaudación que se producirá una vez que se aplique la subida de la tributación del diésel para equipararla con la gasolina.

El plan será "estable e ininterrumpido" para evitar que las ventas se concentren en determinados momentos y se paralicen en otros, como sucede actualmente cuando se agotan los fondos de los diferentes planes.

El acuerdo también prevé un plan para incrementar la potencia de las plantas renovables que existen actualmente, modificar la normativa de las subastas renovables para establecer como criterio fundamental el coste de cada tecnología y dotar de estabilidad el marco retributivo de producción de electricidad con renovables, así como potenciar las comercializadoras municipales.

Para apostar por el ahorro y la eficiencia energética, se ha acordado poner en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del próximo año, dotado con 400 millones de euros anuales, para financiar hasta un 20 % de las actuaciones en eficiencia energética y accesibilidad.

Asimismo, plantea cambiar la normativa del mercado eléctrico para evitar la sobrerretribución o "beneficios caídos del cielo", es decir, las ganancias que obtienen algunas tecnologías con costes fijos bajos como la nuclear o la hidroeléctrica al recibir la retribución de la central más cara que entra cada día en el sistema.

El documento plantea la posibilidad de establecer un límite en la cuantía que algunas tecnologías pueden cobrar del mercado, de manera que todo el exceso se destine a abaratar la factura de la luz.

También prevé revisar los pagos por capacidad —unas cuantías que reciben algunas tecnologías por estar disponibles— y modificar la factura eléctrica para reducir el parte que representa el término de potencia, de manera que este se incremente a medida que lo hace el consumo.

Por otra parte, establece la presentación en un plazo de cuatro meses de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y la aprobación de una "reforma profunda" del bono social, que se completará con un bono general.

La solicitud de este bono será automática, la renta per cápita del hogar será el único requisito para su adjudicación, garantizará un consumo mínimo de energía y será financiado "íntegramente" por todas las empresas del sector, en función de su facturación.

Hasta que la regulación en materia de pobreza energética esté desarrollada, se dotará un fondo con 50 millones para garantizar la necesaria protección de las personas vulnerables.

Otra de las medidas previstas implica que los autoconsumidores podrán verter el excedente de energía a la red a cambio de una retribución mínima equivalente a la del mercado mayorista de electricidad, así como la puesta en marcha de un mecanismo claro para compensar la energía comprada y vendida.

El Gobierno y Unidos Podemos han pactado el establecimiento de un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades y la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras y otro sobre determinados servicios digitales.

El documento establece una serie de cambios tributarios, que ya habían sido avanzados tanto por el Gobierno como por Podemos en los últimos meses, con el objetivo de "elevar paulatinamente la recaudación tributaria" para financiar el Estado del bienestar.

Así, se establece una cuota líquida mínima de un 15 % sobre la base imponible del impuesto de sociedades para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y empresas no integradas en grupos con una cifra de negocios de al menos 20 millones de euros, con el objetivo de evitar un uso excesivo de deducciones y bonificaciones.

Este tipo mínimo se sitúa en el 18 % en el caso de las entidades de crédito y de explotación de hidrocarburos, que son las que tienen un tipo nominal incrementado en este impuesto -el 30 % en lugar del general del 25 %-.

Adicionalmente, se limita la exención de tributación de la que disfrutan los dividendos y plusvalías generadas por filiales, que ahora es del 100 % y que se reducirá en un 5 %.

En cambio, el tipo nominal del impuesto de sociedades de las pequeñas empresas, aquellas que facturan menos de un millón de euros al año, pasa del 25 % al 23 %.

En materia de sociedades de inversión de capital variable (Sicav), el acuerdo prevé otorgar a la Agencia Tributaria competencia para declarar posibles incumplimientos y se plantean requisitos adicionales para que puedan beneficiarse del tipo impositivo reducido, como un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor.

Se establece además que las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi) tendrán que pagar un 15 % del impuesto de sociedades sobre sus beneficios no distribuidos.

El acuerdo prevé un impuesto a las transacciones financieras del 0,2 % sobre la compra de acciones emitidas en España por empresas con una cotización bursátil de más de 1.000 millones de euros, una medida que no afectará a la deuda ni a los derivados.

El nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3 % los servicios de publicidad en línea, intermediación y venta de datos a partir de información proporcionada por el usuario a las empresas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones en el mundo y 3 millones en España.