Ciudadanos presenta 42 alegaciones al PIAT del Consell de Mallorca

  • Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca ha registrado este martes un total de 42 alegaciones al Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), el cual considera "un documento unilateral que no cuenta con todos los sectores implicados en la actividad turística de la isla".
Reunión informativa sobre el PIAT organizada por el Consel
Reunión informativa sobre el PIAT organizada por el Consel
CONSELL
Reunión informativa sobre el PIAT organizada por el Consel

Según ha informado el partido en un comunicado, este documento también "achaca al alquiler vacacional problemas que tienen como origen la falta de directrices serias y responsables en la gestión de las infraestructuras".

Por su parte, la portavoz de Cs en el Consell, Catalina Serra, ha apuntado que "el PIAT habla de desestacionalización, calidad o innovación, pero no se toma ninguna medida efectiva que suponga una apuesta por esos elementos fundamentales para el turismo en una isla que, les guste o no, vive mayoritariamente de esta actividad".

Asimismo, ha señalado que "la lentitud en los trámites que tienen que hacer los ciudadanos para seguir sus indicaciones está dañando los resultados de las empresas, lo que se traducirá en un descenso en la recaudación de impuestos y, por tanto, en la calidad de vida de la Isla".

"AUSENCIA DE MECANISMOS"

Además, Serra ha explicado que uno de los aspectos que más preocupa a Cs es "la ausencia de mecanismos para permitir a los ayuntamientos adaptarse al PIAT sin generar un colapso en sus servicios de urbanismo".

Por ello, ha instado al Consell a "ejercer su papel de coordinador entre los ayuntamientos y solicitar fondos del impuesto turístico para poner a disposición de los consistorios un equipo de especialistas que ayuden a aplicar el Plan y que garanticen que esta adaptación se hace con coherencia y no con cada ayuntamiento por su lado".

Finalmente, la portavoz de Cs en el Consell ha subrayado que "el PIAT supondrá un exceso de trabajo para los ayuntamientos" que, a su juicio, "no podrán responder a tiempo a los ciudadanos, generando así inseguridad jurídica entre la población".

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