El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, ha comparecido este miércoles en el Parlamento vasco donde ha pedido a los grupos parlamentarios un "esfuerzo" para aprobar la Ley de Transparencia en el actual periodo de sesiones.

Erkoreka ha presentado en la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia de la Cámara vasca, el Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre de 2015.

Según ha explicado, se trata de un proyecto de ley "clave" para afrontar la "renovación y modernización" de la Administración Pública vasca, que permitirá articular legalmente los nuevos derechos ciudadanos de participación, transparencia y colaboración ciudadana, sobre los que se debe asentar la Administración pública del siglo XXI.

Además, ha destacado que esta regulación "contribuirá a que Euskadi mantenga su liderazgo en cuanto a estándares de transparencia y le situará a la altura y nivel de las administraciones europeas, que cuentan ya con normativa en este ámbito".

El texto presentado incluye las alegaciones de los colectivos afectados —Diputaciones Forales, EUDEL ,sindicatos, el CES, entre otros— y fue aprobado por el Consejo de Gobierno "después de una ronda de contactos bilaterales con los principales grupos parlamentarios, gracias a la que se incluyeron numerosas enmiendas".

Por todo ello, el consejero de Administración Pública y Justicia ha pedido a los grupos parlamentarios que hagan "los esfuerzos que sean necesarios" para poder aprobar esta ley durante el presente periodo de sesiones.

Claves del proyecto

El proyecto de ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco regula los ejes fundamentales del funcionamiento del sector público en torno a los nuevos derechos de la ciudadanía a evaluar las políticas públicas, participar en los asuntos públicos y acceder "libremente y con total transparencia" a la información que generan las administraciones públicas en Euskadi.

Afectará a los tres niveles institucionales vascos, así como a todos los entes instrumentales que depende de ellos, sin perjuicio de las competencias de autonomía organizativa de cada institución pública vasca.

Cuenta con 5 títulos, 82 artículos, 2 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales en los que, entre otros, regula la creación de la 'Agencia Vasca de Transparencia-Gardena', que será la encargada de proteger el derecho ciudadano a obtener información.

También dirimirá los conflictos que se deriven del ejercicio del derecho a la máxima transparencia y el derecho a la protección de datos personales, la seguridad pública, la vida privada, el secreto profesional o los derechos a la propiedad intelectual e industrial.

Funcionará como órgano independiente, con una presidencia de cinco años, no renovable y ocupada por persona profesional, de reconocido prestigio y competente. Su consejo asesor estará formado por personas de todas las instituciones vascas Parlamento vasco, Tribunal de Cuentas Públicas, Ararteko, Agencia de Protección de Datos, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, EUDEL y Universidad del País Vasco.

A partir de la aprobación de esta norma, todas las administraciones públicas vascas deberán contestar las solicitudes de información de la ciudadanía en menos de 15 días, algo que el Gobierno vasco está realizando ya desde el año pasado en menos de 20 días.

Apertura de datos

El Proyecto de Ley dedica un capítulo completo, Capítulo II, a regular el derecho ciudadano a la publicidad activa y apertura de datos. Erkoreka ha recordado que aunque el Gobierno vasco ya publica en www.euskadi.eus todo lo requerido por organizaciones internacionales de referencia como Transparencia Internacional, este proyecto de ley incorpora un "mayor nivel de exigencia" en transparencia.

De esta forma, se extiende la obligación de publicación a la información sobre el seguimiento en la implementación del Plan de Gobierno, la actividad de los órganos consultivos y de participación, los planes de ordenación de sus recursos humanos y condiciones de trabajo, la evaluación de políticas públicas y de impacto de las normas.

También se incluirán los procesos selectivos y los objetivos fijados y resultados obtenidos por el personal directivo y laboral de alta dirección, el gasto público en campañas publicitarias, el número de personas liberadas sindicales, el número de horas que dedican y los costes asociados, entre otros.

Otro de los aspectos más novedosos es la ampliación de las normas en cuya elaboración puede participar la ciudadanía. A partir de su aprobación, a la ya conocida Iniciativa Legislativa Popular, se sumará la "Iniciativa Reglamentaria Popular" para abrir a la participación también la elaboración de los reglamentos y decretos que desarrolle el Gobierno. Cualquier persona o grupo representativo tendrá derecho a promover iniciativas reglamentarias en materias que afecten a sus intereses.

Con este mismo objetivo, el proyecto crea la 'Plataforma de Gobierno Abierto', como espacio permanente de interacción entre la Administración Pública vasca y la ciudadanía, para informar, escuchar activamente lo que la ciudadanía expresa en internet, mostrar y coordinar las aportaciones ciudadanas, impulsar el diálogo bidireccional, promover la iniciativa ciudadana en los asuntos públicos y la colaboración público-privada en proyectos que redunden en el bien común.