El exregidor fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada a 17 años de inhabilitación y un año de cárcel por prevaricación administrativa y urbanística, lo que ahora ha revocado el Supremo al entender que no hubo delito.

"Desde el respeto absoluto que al PSOE le merecen todas las resoluciones judiciales, en este momento, los servicios jurídicos estudian el fallo del alto tribunal y la posibilidad de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que resuelva los distintos puntos de vista que sobre los mismos hechos hacen dos instancias judiciales diferentes como son la Audiencia y el Tribunal Supremo".

Tras reconocer su "sorpresa" ante el posicionamiento del TS que, según ha indicado, "no entra en el fondo de los hechos acontecidos -relacionados con la construcción de una promoción urbanística- en el municipio y juzgados por la Audiencia Provincial", Casares ha animado a la ciudadanía a que lea la sentencia que es pública y el relato de los hechos probados para valorar por sí misma.