IU critica que no se hagan públicas las dietas y retribuciones de puestos directivos en empresas municipales

  • El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este lunes que el equipo local de gobierno, del PSOE, "permite la vulneración" de la ley de transparencia "al no hacer públicos los datos del cobro de dietas en empresas municipales, así como del número y retribuciones de los puestos directivos de estas sociedades mercantiles que cuentan con participación municipal".

Según ha explicado el portavoz municipal de IU, Francisco Puentedura, su grupo ha pedido por escrito "a todas las sociedades municipales, cuáles han sido las retribuciones en dietas, así como las gratificaciones o servicios, abonados a los puestos directivos, consejos de administración y altos cargos de estas sociedades, y la respuesta, en la mayoría de las ocasiones, ha sido la callada, no facilitar la información concreta y en algunos casos señalar que no están obligados a contestarnos".

Francisco Puentedura ha agregado que estas sociedades que no publican estos datos son Gegsa (Granada Eventos Globales), Emucesa, que gestiona el cementerio, MercaGranada, Emasagra, que gestiona el servicio de aguas, e Inagra, que gestiona la limpieza y recogida de basuras en la ciudad, cuya participación municipal es del 20 por ciento, por tanto "no mayoritaria lo que no obliga a la publicación de estos datos, aunque con voluntad política y de transparencia se podrían hacer públicos".

"Ninguno de los portales de transparencia, ni páginas web de estas sociedades con participación municipal, publican estos datos", ha señalado Puentedura, quien ha indicado "que no sólo se produce una posible vulneración de la ley sino que además se da espacio a una gestión opaca que es el caldo de cultivo para posibles abusos en el cobro de dietas, o gratificaciones por servicios especiales".

La petición de IU se produce a raíz de un informe municipal que señalaba desde el año 2009 el "cobro, por gratificaciones y servicios especiales, de un total de 29.000 euros", lo que, a juicio de Puentedura, es "irregular e injustificado, por lo que hay que aclarar estos datos y "si está situación se ha podido producir en otras empresas municipales".

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