Este verano los incendios forestales se han cobrado un alto precio desde el Pirineo hasta las Islas Canarias. La eficacia demostrada por los medios de extinción no es suficiente. Para frenar el riesgo en seco hay que invertir en la gestión forestal y mitigar el impacto que ya produce el cambio climático. Las pérdidas que ocasionan las llamas son cuantiosas en víctimas humanas, económicas (casas, agrícola, forestal y turismo) y ambientales (fauna y flora). Cada comunidad autónoma debe apostar decididamente por una estrategia global y participativa de prevención (cortafuegos, desbroce de bosques, reintroducción de ganado, y obligación de limpieza en un radio de 50 metros de los edificios próximos a la masa forestal como en Francia) y de recuperación individualizada (paredes de contención para prevenir la erosión y repoblación con especie autóctonas resistentes como la encina trufera) en el marco de una regulación estatal contundente. Prevenir al incendio no solo resulta menos costoso, sino que además genera empleo local y actividad económica rentable (madera, biomasa, ganadería, turismo rural, trufas, etc.) dentro de un modelo productivo más equilibrado y sostenible.