Mohammad Jaffar, miembro del Consejo de Administración de Escal UGS, ha declarado este viernes como investigado en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de Castor que en el seno de dicho órgano no se trató "en ningún momento" la necesidad de confeccionar estudios e informes sobre el riesgo de sismicidad del proyecto Castor.

Así lo ha señalado el abogado de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular, Jorge Casal, al finalizar este viernes la declaración de Jaffar y Harold Philip Gordon, los dos últimos investigados en esta causa.

Jaffar y Philip, que son miembros del Consejo de Administración de Escal UGS desde 2003 y 2006, respectivamente, han asegurado que

carecen de funciones ejecutivas delegadas, siendo Philip el representante de la empresa cadaniense Castor en el citado Consejo.

Según el letrado de Arca Ibércia, ambos han declarado que en las reuniones del Consejo de Administración sólo se debatían cuestiones relacionadas con la planificación económica, financiera y presupuestaria del proyecto, pero no sobre los aspectos medioambientales del mismo.

Ambos han manifestado no recordar si entre los meses de junio y septiembre de 2013, en los que se manifiesta la actividad sísmica, se celebraron reuniones del Consejo para tratar este tema, mientras que Jaffar ha señalado que en el seno de este órgano no se trató "en ningún momento" la necesidad de confeccionar estudios e informes sobre riesgo de sismicidad.

ACTIVIDAD

Los dos investigados han declarado que no participaron directamente en la toma de decisiones relacionadas con la puesta en marcha y con la paralización de la actividad de inyección de gas, dado que en el Consejo no se trataban las cuestiones operativas.

Finalmente han indicado que tuvieron conocimiento de los sismos a través del presidente de Escal, Recaredo del Potro, y que todas las decisiones de carácter operativo fueron adoptadas por éste; José Luis Martínez Dalmau, consejero delegado de Escal; y Carlos Barat, director del proyecto, según el abogado de la acusación popular.

Ya han prestado declaración los 18 investigados —denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— en el marco de las diligencias que se siguen por presunta prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La causa, que supera los 13.000 folios, ha sido declarada compleja por el número de investigados, la complejidad de los delitos y el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis periciales. La declaración de causa compleja, acordada por el instructor el pasado mes de enero, permite ampliar el plazo de instrucción de 6 a 18 meses.