El Grupo Parlamentario Popular, con su voto en contra, ha rechazado este martes la toma en consideración de una iniciativa defendida por En Marea que reclamaba derogar por ley la norma 1/2012 de medidas temporales en el empleo que, entre otras cosas, suspendió las pagas extra a los funcionarios de la Administración autonómica gallega durante la crisis y eliminó la posibilidad de que altos cargos siguiesen cobrando un plus después de dejar sus puestos.

La iniciativa ha sido defendida en el pleno del Parlamento de Galicia por la diputada de En Marea Eva Solla, que ha considerado que "seis años después es hora de devolver lo que se le retiró a los trabajadores públicos", especialmente en un contexto en el que, según ha indicado, el propio Grupo Parlamentario Popular dice que "la economía mejora".

En el lado opuesto, el parlamentario popular Jacobo Moreira ha justificado el rechazo de su grupo a esta medida por considerar que esta ley, que permitió "atender a la necesidad de reducir el déficit público para conseguir una situación de equilibrio" durante los años más difíciles de la crisis "sin menoscabar la prestación de los servicios públicos", está ya "superada en la práctica".

Precisamente, durante la intervención de Jacobo Moreira, representantes sindicales de CC.OO. que habían sido invitados por En Marea a presenciar el debate fueron expulsados del Hemiciclo por el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, tras sacar una pancarta en la que se podía leer 'Feijóo devólvenos o roubado' -Feijóo devuélvenos lo robado-.

Y es que, conforme ha explicado el coordinador del sector de Administración Autonómica de CC.OO., Emilio Doforno, la ley 1/2012 supuso "el mayor ataque a los derechos de los empleados públicos en Galicia". "Fue una especie de ensayo de lo que después hizo el PP en el resto del Estado", ha recordado el sindicalista.

Además, ha advertido de la "deuda histórica" que el Gobierno gallego tiene con los funcionarios correspondientes "a los años 2013, 2014, 2015 y 2016". A mayores, ha censurado que los trabajadores públicos sufrieron una "pérdida de poder adquisitivo" sin precedentes.

Por ello, ha considerado que "ahora que los políticos dicen que la economía está en una velocidad de crucero, parece razonable que se empiece a devolver a los empleados públicos el sacrificio que hicieron durante los últimos seis años".

APOYO DE BNG Y PSDEG

La iniciativa defendida por En Marea ha contado con el apoyo de nacionalistas y socialistas. Así, en primer lugar, el diputado del Bloque Luís Bará ha acusado al Gobierno de Feijóo de protagonizar un "ataque despiadado" contra el sector público a través de una campaña en la que llegó a "llamar vagos a los funcionarios para enfrentarlos con el resto de trabajadores".

"Los gobiernos del PP construyeron un relato falso lleno de mentiras, pidieron sacrificios temporales pero estos vinieron para quedarse porque tenían otras motivaciones". "No eran reformas ni eran temporales, eran cambios estructurales ideológicos decididos en oscuros y alejados centros de poder", ha manifestado.

Asimismo, el parlamentario del Bloque se ha referido a la huelga que mantienen los trabajadores de la justicia, un pero que el socialista Juan Díaz Villoslada ha definido como "la punta del iceberg" de las reclamaciones de los trabajadores públicos que exigen a la Xunta que "reestablezca el contrato social que rompió 2012 y les devuelva sus recursos".

Además, Villoslada ha incidido en la "obsolescencia programada" con la que nació esta ley que "venía programada para su derogación". "Con su vigencia el Ejecutivo de Feijóo abusa de los más de 85.000 empleados públicos autonómicos. Esta norma ha finalizado su vida útil y está absolutamente obsoleta", ha incidido.