El Ayuntamiento de Madrid está investigando el pago de casi 50 millones de euros correspondientes a las facturas de la luz de Madrid Calle 30, la empresa público-privada que gestiona la autovía M-30. Según ha sabido 20minutos, el Consistorio tiene "dudas razonables" sobre la responsabilidad de ese coste teniendo en cuenta que el pliego de cláusulas administrativas señala que el socio privado es el que debe asumir el gasto eléctrico. Desde el año 2005, con Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (2012-2015) en la Alcaldía, ambos del PP, la sociedad mixta Madrid Calle 30 es la que ha hecho frente a estos pagos.

Las pesquisas municipales se centran en dos pliegos aprobados el 27 de abril de 2005 para la adjudicación del contrato a una empresa privada que entraría a formar parte de la sociedad mixta junto al Ayuntamiento. Los pliegos en cuestión son el de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas del concurso público.

En el pliego de cláusulas administrativas, en el apartado 2.6.2 del anexo III, rerefente a operaciones de conservación en instalaciones eléctricas, se espeficifica que el socio privado sería responsable del costo de la factura eléctrica de todas las instalaciones de la M-30. Es decir, que la empresa privada que entrase en la sociedad asumiría el pago de los recibos de la luz. Por su parte, el pliego de prescripciones técnicas, en su artículo 2.2.6.2, detalla que Madrid Calle 30 será responsable del abono de la factura eléctrica de todas las instalaciones asociadas a la M-30. Esto supone realizar la tramitación de la deuda.

Por tanto, según figura en estos documentos, la gestión del pago corría a cargo de la sociedad público-privada, pero el dinero saldría de las arcas privadas. Sin embargo, no ha sido así durante los últimos once años. Desde 2005, se han pagado con cargo a Madrid Calle 30 49.655.635,82 euros de luz. Solo el año pasado el recibo ascendió a 5.090.526,54 euros. La fatura más alta, de 7.872.990,00 euros, data del año 2007.

"No nos parece adecuado que durante los últimos años se hayan antepuesto los intereses de constructoras privadas a los intereses públicos. Se han defendido las posiciones de empresas privadas sin que nadie lo haya discutido, mirando siempre con los ojos de la adjudicataria. Nosotros lo que vamos a hacer ahora simplemente es preguntar", han señalado fuentes municipales. "Solo hace falta aplicar el sentido común para entender lo que dicen los pliegos", han añadido.

La sociedad Madrid Calle 30 se creó en 2004 durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) para construir los túneles de la M-30. A finales de ese año, el Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA (formada por Ferrovial, Dragados y API Conservación). De esta forma, Madrid Calle 30 quedó participada en un 80% por el Ayuntamiento mientras que el 20% restante pertenece a EMESA. La sociedad recibe cada año alrededor de 125 millones de euros de presupuesto íntegramente municipal, de los cuales sólo gasta 37 millones de euros en tareas de mantenimiento, como el arreglo de baches o la sustitución de farolas.

Lo que es evidente es que el Consistorio no se encuentra cómodo con la situación en la que está Madrid Calle 30. De hecho, ya denunció públicamente el pasado mes de noviembre que desde 2004 la sociedad mixta ha desembolsado más de 502 millones de euros entre impuestos, intereses de préstamos y dividendos repartidos al socio privado. Sólo en el IVA (289) y en el Impuesto de Sociedad (106) el Ayuntamiento ha abonado 395 millones de euros. Se trata de impuestos que podrían haberse ahorrado si el Ayuntamiento hubiera asumido la obra y posterior mantenimiento y gestión de infraestructuras. El contrato une al Ayuntamiento con EMESA hasta 2040, aunque el acuerdo podría resolverse ya en 2025 con la compra de su parte al socio privado. La intención del Gobierno municipal, sin embargo, es resolverlo antes.

Esta no es la primera presunta irregularidad que el Ayuntamiento ha detectado en la sociedad mixta. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, denunció el pasado miércoles que también están investigando la "falsificación de la certificación de una obra" en un puente del Nudo Sur V, ya con el gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento y siendo él presidente de la sociedad Madrid Calle 30.

La certificación se produjo el pasado mes de diciembre legitimando y pagando la parte de una obra que no se había llevado a cabo por parte de una empresa que desde Navidades no ha completado los trabajos. El total de la actuación asciende a 266.000 euros y la parte que ha sido certificada y no realizada es de unos 24.000 euros, explicó Sánchez Mato.